Evaluación continua

En el sistema educativo español -incluidos los estudios universitarios, tras el Plan Bolonia- se ha generalizado la evaluación continua como metodología de evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado, aunque no son pocos los docentes que directamente la rechazan o se refieren a ella como si fuera una novedad.

Pues bien, incluso pese al rechazo de una parte del profesorado, que prefiere seguir apostando por la realización de exámenes globales (trimestrales y/o finales), la evaluación continua se incluye en las leyes educativas como normativa reguladora desde hace ya muchos años. Sirva como ejemplo de ello el artículo 36 del Capítulo II de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en relación con los estudios de Bachillerato, que dice lo siguiente:

Artículo 36. Evaluación y promoción.

  1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será́ continua y diferenciada según las distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá́, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

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En la evaluación continua se incluyen diversos procedimientos y metodologías de aprendizaje que van mucho más allá del recurso al examen y la impartición de clases magistrales. El desconocimiento de dichos instrumentos procedimentales y metodológicos hacen pensar a muchos docentes que se trata de hacer más exámenes, u otro tipo de pruebas de control, y con mayor frecuencia. O que requiere una carga extra de trabajo con el alumnado, difícilmente asumible por el profesorado. O que el papel que debe asumir el profesorado “degrada” su función tradicional, al temer que su “autoridad” y prestigio como conocedor quede disminuida… y la más reiterativa, pero no por ello menos ridícula: que la evaluación continua significa aprobado general o aprobado por la cara, y más si consideramos que en ella se incluye la autoevaluación.