El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas. La lista de los países que se adhieren a dicha Convención y la de los que la suscriben la puedes encontrar en esta página de la web de base de datos de tratados de la ONU.

El texto de la Convención, en varios idiomas, lo puedes consultar en la web de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED).

A continuación, citamos algunas consideraciones del Preámbulo, seguidas de dos o tres artículos de la declaración:

Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad,
Decididos a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada,
Teniendo presentes el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación,
Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin,
Han convenido en los siguientes artículos (se citan dos o tres, a modo de ejemplo):

Artículo 1
1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.

Artículo 2
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Artículo 5
La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.

(…)

El 5 de julio de 2010 ha entrado en vigor la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reroductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como la ley del aborto. Según la nueva ley el aborto queda despenalizado y no está sometido a condiciones ni evaluaciones de ningún tipo al margen de la libre voluntad de las mujeres que deseen abortar, por lo que no se deberá dar explicación alguna de los motivos para ello ni encontrarse dentro de ningún «supuesto» de los previstos en la anterior ley, a no ser el que se realice dentro de los plazos establecidos. Además, se amplia a los mujeres de 16 y 17 años el derecho a abortar, aunque se requiere que los padres estén informados de la decisión, a menos que ello provoque un conflicto grave a la menor, en cuyo caso la obligación de informar a los padres puede ser ignorada, decisión que queda en manos de las autoridades médicas. El aborto será gratuito y se realizará en los centros públicos de salud.

El Preámbulo de la Ley comienza con estos dos párrafos:

«El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.

La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos internacionales. Así, en el ámbito de Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12 que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar». Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia». En el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.»

Le Ley se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 4 de marzo de 2010 y se puede consultar en su sitio web

Un año y medio después de la Declaración de Washington (del 15 de noviembre de 2008) parece claro que los esfuerzos por recuperar los mercados, que se presentaba como el principal objetivo de dicha reunión, han prevalecido sobre cualquier otra consideración, manteniendo la impunidad de las estrategias financieras que condujeron a la crisis y cuyas consecuencias todos conocemos ya de sobra, pues son noticia diaria, todavía hoy, en la prensa nacional e internacional. Frente a cualquier otra teoría económica – la keynesiana, por ejemplo – se ha impuesto de nuevo la tesis que había imperado desde los años 80 de la «sacralización del mercado» con la consiguiente exigencia de la no intervención del Estado, que se mide entre otras, en función de la reducción de déficit público, lo que se considera como garantía de crecimiento económico. Lo que a su vez eleva la hipótesis de la necesidad de un crecimiento económico constante al rango de principio incontrovertible de toda actividad económica (y no sólo del neoliberalismo económico o, para utilizar el término del premio nobel de economía Joseph E. Stiglitz, del fundamentalismo del mercado). O sea, que volvemos a lo mismo. La deuda contraída por los Estados para hacer frente a la crisis es considerada ahora un obstáculo para la recuperación y una causa directa de la prolongación de la crisis. Lo que hemos visto en Grecia, y que algunos medios insisten en decir que veremos pronto en Portugal y en España -esperemos que no- es el resultado de esta exigencia de los mercados, no de la «naturaleza» del Estado de bienestar.

La consecuencia de todo ello es la pérdida del poder soberano de los Estados: la incapacidad de tomar decisiones políticas frente a un mercado todopoderoso ante el que se doblegan las voluntades populares, que, al menos teóricamente, se expresa en los parlamentos y gobiernos de las democracias occidentales. Votamos a los partidos, pero nos gobiernan los mercados. Es una consecuencia grave para la democracia que, después de la caída de los regímenes estalinistas, se encuentra paradójicamente, amenazada por los mercados. Las decisiones políticas se toman en función de las exigencias de los mercados y se corrigen en función de tales exigencias (véase lo que está ocurriendo en España y en todo el conjunto de la UE), no en función de la voluntad popular. El siguiente vídeo de la intervención de Cohn Bendit en el parlamento europeo no tiene desperdicio:

Intervención de Cohn Bendit en el Parlamento Europeo sobre la interveción de Europa en la crisis de Grecia.

La siguiente entrevista a Carlos Martínez, presidente de ATTAC España, vuelve sobre este tema con más detalle.

Entrevista a ATTAC en CNN+ from AttacTV on Vimeo.

Entrevista de Iñaki Gabilondo a Carlos Martínez, presidente de ATTAC España, en el programa «Hoy», en CNN+. 26/05/10

La Subsecretaria del Ministerio de Cultura presentó el día 31 de mayo en el Auditorio del Ministerio de Cultura a las 11 horas el proyecto de difusión del patrimonio documental sobre las Víctimas de la Guerra y Represaliados del Franquismo.

Este Portal se constituye como un Memorial virtual en el que se pueden consultar los nombres de aquellas personas que sufrieron la conculcación de sus Derechos Humanos desde 1936 hasta 1977. La individualización de las víctimas, que por el momento asciende aproximadamente a 750.000 personas, ha sido posible gracias al vaciado sistemático de sus nombres en la documentación represiva conservada en los archivos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura.

Con la difusión de esta información, el Ministerio de Cultura prosigue con el desarrollo y aplicación de la Ley de Memoria Histórica que, además de crear el Centro Documental de la Memoria Histórica, establece la necesidad de poner en marcha políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. La iniciativa constituye también una invitación a la colaboración con todas aquellas instituciones públicas y privadas interesadas e implicadas en la recuperación de la Memoria Histórica y la reparación a las víctimas y a sus familiares.

Acceso al Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Solo hay una cosa con la que discrepamos en este manifiesto: si se dice que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos ¿Por qué los autores del manifiesto creen que ellos sí pueden situarse por encima de tales derechos, utilizando un lenguaje machista e ignorando, por tanto, las leyes de igualdad de género y las que defienden el uso de un lenguaje no sexista en los medios de comunicación y especialmente en internet?

¿?

Ciao

El partido pirata se creó en Suecia en 2006 y tiene como meta, según sus propias palabras, «cambiar la legislación global para facilitar el desarrollo de la sociedad informática, que está caracterizada por diversidad y libertad. Esto lo logramos al pedir un nivel mayor de respeto por los ciudadanos y su derecho a la privacidad, y al reformar el derecho de autor (copyright) y las leyes de patente. Las tres principales creencias del Partido Pirata son la necesidad de protección de los derechos de los ciudadanos, la voluntad de liberar nuestra cultura, y el entendimiento de que las patentes y los monopolios privados están dañando a la sociedad. La nuestra es una sociedad controlada y bajo vigilancia donde prácticamente todo el mundo está registrado y en observación. No está en el mejor interés de un estado judicial moderno imponer la vigilancia a todos sus ciudadanos, de ese modo tratándolos como sospechosos.»

En las últimas elecciones al Parlamento Europeo consiguió 215.000 votos en Suecia, el 7,1 %, lo que le permitió obtener 1 diputado, Christian Engström, en la cámara europea, según quién, cuando la legislación del copyright entra en conflicto con nuestros derechos humanos fundamentales, tal como ocurre hoy día, los derechos tienen que prevalecer y la legislación sobre el copyright debe ser modificada, y considera ridículo que la protección de los derechos de autor duren toda la vida del autor y 70 años más tras su muerte, cosa que no ocurre con ningún otro negocio y supone un atemtado contra los derechos civiles en la sociedad de la información. En Alemania, pese a obtener 845.000 votos, el 2% del total, no obtuvieron representación parlamentaria, porque la legislación electoral alemana, como la española, requiere obtener al menos el 5% de los votos para entrar en el reparto de escaños (con lo que los partidos pequeños quedan siempre fuera de la representación parlamentaria, aunque el número de votos para cada diputado represente una cantidad menor de votos que la obtenida por tales partidos).

Más información en la web del Pirate Party.

Unos 50000 millones de dólares. Es la cantidad en la que se cifra la estafa que el gurú de las finanzas del Nasdaq, Bernard Madoff, ha venido perpretando en los últimos años y que afectaría a entidades tan prestigiosas como el BNP y, al parecer,  también a algunas de las grandes firmas inversoras españolas. Según informa El País, el dinero «ha desaparecido». El procedimiento: una estafa piramidal, que no fue detenida pese a que se habían presentado denuncias alertando de la misma desde 1992. «Las autoridades de supervisión de EE UU no detectaron problemas en el mundo ideal de Madoff a pesar de que fue investigado en el año 1992, hubo denuncias de sus rivales en 1999 y reportajes periodísticos críticos con su gestión en 2000. Hace apenas un par de años una firma de inversión, Aksia, recomendó a sus clientes que huyeran de Madoff».

Esa es la cantidad de dinero necesaria para reducir a la mitad la cifra de hambrientos en 2015 -de los casi 1000 millones de personas que padecen hambre en el mudo en la actualidad (40 millones más que el año pasado) – según estimaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación) :

«Otros 40 millones de personas han sido abocadas al hambre este año debido principalmente al alza de los precios alimentarios, según las cifras preliminares dadas a conocer hoy por la FAO. Con ello la cifra total de desnutridos en el mundo se eleva ya a 963 millones, comparada con los 923 millones de 2007, mientras que la actual crisis económica y financiera puede conducir todavía a más gente hacia el hambre y la pobreza, según alertó hoy la Organización de la ONU».

La cifra contrasta con otras que se han manejado en los últimos meses en la prensa internacional (que se estiman necesarias para evitar el colapso del sistema financiero internacional y que son bien conocidas: 700000 millones por aquí, 200000 millones por allá, 100000 millones por acullá, etc.)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU cree que sí, ya que esta Ley, que fue aprobada en 1977 por un Parlamento pre-consitucional (la Constitución española se aprobó el 6 de diciembre de 1978) considera prescritos delitos de lesa humanidad, lo que está en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por España.

El Proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España del Comité de Derechos Humanos (http://www2.ohchr.org/) al que se refiere Amnistía Internacional en su Manifiesto titulado “Para pasar página primero hay que leerla” (en el que pide al Estado español que garantice una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo), en el 94º período de sesiones, que tuvo lugar en Ginebra, del 13 al 31 de octubre de 2008, dice textualmente, en su punto 9:

«El Comité, aunque ha tomado nota de la decisión reciente de la Audiencia Nacional de examinar la cuestión de los desaparecidos, está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977.  El Comité recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señala a la atención del Estado parte sus observaciones generales Nº 20, según la cual las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto y Nº 31, sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto.  El Comité, aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas.»

«El Estado parte debe:

a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977;

b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales;

c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y

d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.»

En esta web de la ONU puedes leer el texto íntegro del Proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España del Comité de Derechos.

En esta página del BOE puedes consultar la Ley de Amnistía de 1977. Del carácter pre-constitucional de esta Ley es una buena muestra su referencia al Código de Justicia Militar de la dictadura en el Artículo 2, apartado A. Pero en su conjunto no tiene desperdicio como prototipo de Ley de Punto Final (Leyes similares fueron derogadas en Chile y Argentina, tras la caída de sus respectivas dictaduras, al oponerse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad).

Por lo demás, en el punto 22 se comina al Estado español a difundir tanto el Quinto informe (el Cuarto se presentó hace más de 12 años) como las respuestas dadas por escrito a las cuestiones presentadas por el Comité, así como a estas observaciones finales :

«22. El Estado parte debe dar amplia difusión al texto de su Quinto Informe Periódico, a las respuestas que dio por escrito a la lista de cuestiones presentada por el Comité y a las presentes observaciones finales».

 Tras la inhibición de Baltasar Garzón en la causa abierta para dilucidar los crímenes del franquismo y su remisión a los juzgados territoriales las esperanzas que los familiares de las víctimas del franquismo habían puesto en dicho proceso se han visto frustradas.

El día 20 de noviembre un grupo de intelectuales y artistas reclamaron mediante un manifiesto presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la continuación de las investigaciones sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El manifiesto ha sido promovido por Ernesto Sábato, que presidió en su día la Comisión que investigó los desaparecidos durante la dictadura argentina, y suscrito por el premio nobel José Saramago asi como por Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Juan Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, Emilio Lledó, Ian Gibson, Cristina Almeida, Fanny Rubio, el actor italiano Leo Bassi, el cantante Paco Ibáñez, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (donde podrás leer el manifiesto), Pedro Almodóvar, Manuel Rivas, Carlos Berzosa, Pilar Bardem, Pedro Martínez Montávez, Suso de Toro, Juan Diego, José Sacristán y Rosa Regás, entre otros.

También Amnistía Internacional ha publicado un manifiesto titulado «Para pasar página primero hay que leerla» en el que pide al Estado español que garantice una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo. En este manifiesto se hace un resumen de las actuaciones de los dos últimos meses, que han concluido con la inhibición del juez Baltasar Garzón:

• El 16 de octubre, el  Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dispuso admitir a trámite y declararse competente para investigar los crímenes de desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
• El 20 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal formulaba un recurso ante la Sala de lo Penal solicitando el archivo del auto de admisión a trámite. Entre otras alegaciones, se invocaba la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos para frenar la investigación, medidas que podrían suponer el establecimiento de mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad.
• El 31 de octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicaba el proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España, en el que recomendaba a las autoridades españolas tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977, garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, establecer una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, y garantizar la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y la restitución a los familiares.
• El 7 de noviembre, y a instancias del Ministerio Fiscal, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en pleno extraordinario suspendió cautelarmente la apertura de fosas autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN.
• El 18 de noviembre, el Juez Instructor de la Audiencia Nacional hacía público un auto por el que se inhibía de esta causa a favor de los Juzgados de Instrucción territoriales.

Otras asociaciones que llevan años luchando con estos fines son la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el franquismo y Desaparecidos de la Guerra Civil y el Exilio Republicano, en las que podrás encontrar información actualizada sobre este tema.